Jurisprudencia 22 Abril 2008

S.S. S. c/El Rápido Argentino s/Daños y Perjuicios

Turismo Estudiantil - Incumplimiento contractual - Viaje de Egresados - Daño moral de la progenitora

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 22 días del mes de abril de 2008 reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala "E" para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados "S. S. S. C/EL RÁPIDO ARGENTINO S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS" respecto de la sentencia corriente a fs 469/482, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿La sentencia apelada es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres Jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud

A la cuestión planteada el Dr. Racimo dijo:

La actora demandó a la empresas El Rápido Argentino S.A. por los daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento contractual incurrido por la empresa al ejecutar el contrato de transportes y servicios turísticos por el viaje de egresados de su hija M. G. V. S. conjuntamente con sus compañeros de colegio. La sentencia de primera instancia concluyó que se había demostrado tal incumplimiento al no haber adoptado un conjunto de medidas respecto de la hija de la causante que padecía de cáncer y que falleció pocos días después del regreso del mencionado viaje condenando a la vencida a pagar a la madre la suma de $ 20.000 en concepto de daño moral.//-

Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo el recurso de apelación de fs. 487 que fundó con la expresión de agravios de fs. 520/521 que no () fue respondida por la contraria. Reclama la demandante que se incremente el resarcimiento por daño moral y solicita que se haga lugar a su pedido de reparación por el daño psicológico sufrido.-

En cuanto al primer planteo cabe señalar que esta Sala ha sostenido que constituye daño moral toda lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o los padecimientos físicos en que se traducen los perjuicios ocasionados por el evento;; en fin, la perturbación, de una manera u otra, de la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (cc. 124.140 del 16-11-94 y 161.002 del 8-2-95; Sala D en E.D. 61-779 y 69-377; Sala F en E.D. 42-311 y 53-350; Sala G en E.D. 100-300)).-

Para fijar su cuantía, numerosos precedentes de la Sala han señalado que corresponde considerar, entre otras circunstancias, la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y las de la víctima, así como la extensión de los daños materiales, si existieren, factores todos que quedan librados a la prudente apreciación judicial (conf. voto del Dr. Dupuis en c. 49.115 del 10-8-89; voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5-2-90; votos del Dr. Mirás en las cc. 59.284 del 21-2-90, 61.903 del 12-3-90, 56.566 del 28-2-90, 67.464 del 22-6-90, entre muchos otros).-

Ahora bien, la ponderación del daño causado no puede desprenderse, naturalmente, de la consideración de las circunstancias concretas de la causa. En este punto entiendo que es necesario tener en cuenta aquí -a los fines de la cuantificación del resarcimiento reclamado- que el incumplimiento contractual no produjo el fallecimiento de la hija de la causante. De lo que se trata aquí es esencialmente de ponderar el modo en que el incumplimiento del conjunto de obligaciones que surgían del contrato de prestación de servicios turísticos ha repercutido sobre la madre como consecuencia de las desatenciones del personal de la demandada. Está acreditado en este punto que la empresa no cumplió con las obligaciones y con los recaudos esperables en las circunstancias concretas de la causa respecto de una menor que se encontraba enferma (ver fs. 475 vta). Pero también resulta claro que la menor padecía su enfermedad con anterioridad, que ésta se encontraba en una etapa severa de su desarrollo, que la madre se encontraba bajo tratamiento psicológico con anterioridad y que la conducta de la demandada no fue el hecho que desencadenó exclusivamente la profunda afectación que naturalmente padece la demandante. Se trata, entonces, de ponderar el origen del daño moral sufrido por la progenitora en el caso y en este punto entiendo que las consideraciones formuladas por la jueza de primera instancia se adecuan a las constancias de la causa y la cuantificación efectuada respecto del daño moral no se revela como mínima teniendo en cuenta las circunstancia ya mencionadas en cuanto a la enfermedad previa de M. G. V. S.. La demandante cuestiona la sentencia porque no ha tenido en cuenta las constancias del dictamen de la perito psicóloga que ha dado cuenta de la necesidad de realizar un tratamiento como consecuencia del fallecimiento de su hija. Surge de la parte relevante del peritaje psicológico obrante en autos que no es posible actualmente hablar de daño psíquico observándose un duelo normal frente a la muerte de un ser querido agregando la experta que es importante destacar que la actora se encontraba en tratamiento psicológico a raíz de la enfermedad de la hija y que la ayudó enormemente, según sus palabras, a sobrevivir estos años tan difíciles al ser diagnosticada la enfermedad. Propuso la perito psicóloga un tratamiento psicológico, como mínimo de dos años, renovable en caso de ser necesario con una frecuencia de dos veces por semana a un costo de $ 50 la sesión con un costo anual de $ 4.800.-

Ante estas consideraciones la jueza de primera instancia destacó que no se encuentra comprobado en autos que la actora padezca de una disminución en su capacidad psíquica ni que ello le cause desmedro en lo laboral , relaciones familiares y/o sociales o en otros aspectos de su vivir cotidiano. Asimismo, la jueza tuvo en cuenta el dictamen de la perito psicóloga aunque entendió que no corresponde la indemnización por el tratamiento pues por las particularidades del caso no se constituye en una causa inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación (arts. 520 y 901 del Código Civil). La lectura del escrito de expresión de agravios en este punto me permite afirmar que la demandante no ha cumplido con las exigencias que establece el art. 265 del Código Procesal. En tal sentido, conforme reiterada jurisprudencia, la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo y, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa, no hay críticas válidas que atender en la alzada (conf. , entre muchas otras, CN esta sala, causas 161.621 del 5 de diciembre de 1994, 165.639 del 6 de marzo de 1995 y 233.079 del 28 de diciembre de 1997).-

El planteo de la demandante no es más que una reiteración de los dichos de la experta sin hacerse cargo de la fundamentación de la sentencia respecto a la inexistencia de daño y en particular a la falta de relación de causalidad entre el alegado tratamiento psicológico y el incumplimiento de la demandada respecto del contrato de servicios turísticos. Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.-

Fdo.: Mario P. Calatayud. Juan Carlos G. Dupuis. Fernando M. Racimo.-

Buenos Aires, abril de 2008.-

Y VISTOS: En virtud de lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 469/482.-

En atención al monto de la condena, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19, 37 y concs. de la ley 21.839, se confirma la regulación de los Dres. Gustavo Gabriel Petracca y Luciano Leandro Suárez, letrados apoderado y patrocinante de la actora, por resultar ajustada a derecho.-

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. Suárez en UN MIL PESOS ($ 1.000).-

Por la tarea de fs. 326/328 y 378, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10;; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación de la médica María Angela Resera, por resultar alta y habérsela apelado solamente "por baja". Notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: Mario P. Calatayud. Juan Carlos G. Dupuis. Fernando M. Racimo.-

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